La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) conlleva determinados riesgos para las prisiones y otros lugares de detención, sobre todo en entornos afectados por conflictos, por lo que requiere una preparación esencial y respuestas concertadas y coordinadas. El documento Herramientas prácticas: COVID-19, preparación y respuesta en lugares de detención, elaborado por el Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias del Departamento de Operaciones junto con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Suecia, ofrece herramientas de comunicación integrales y listas para usar con información clara y carteles visuales a fin de ayudar a los administradores y a los trabajadores penitenciarios a evitar que la COVID-19 llegue a las prisiones, y de mitigar sus efectos en caso de que se produzca un brote.
Los entornos seguros infunden confianza en la población con relación al proceso de paz y favorecen las iniciativas de desarrollo a más largo plazo.
Para sentar las bases del fortalecimiento y la reforma de las instituciones del estado de derecho a más largo plazo, se necesitan alianzas sólidas con las autoridades nacionales, los agentes del desarrollo y la sociedad civil, quienes darán continuidad a los trabajos al finalizar la misión. Prestamos apoyo a la labor de los componentes de justicia e instituciones penitenciarias en las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales, así como otras entidades de las Naciones Unidas, para poner en práctica los aspectos del estado de derecho correspondientes a sus respectivos mandatos.
El Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias, desde su Sede en Nueva York, coordina el apoyo estratégico y operacional a la ejecución de los mandatos, al tiempo que fortalece el respaldo de los Estados Miembros, aprovecha las alianzas y establece las prioridades de política.
El Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias, por conducto de su rápido equipo de respuesta de Bríndisi (Italia), presta asesoramiento sobre el terreno y brinda conocimientos técnicos especializados a las misiones y otras actividades sobre el terreno.
Nuestro trabajo:
- Nuestras intervenciones relativas a la justicia y las instituciones penitenciarias promueven la resolución y prevención pacífica de controversias, fortalecen la protección de los civiles, mejoran la seguridad nacional, restablecen y aumentan la autoridad estatal y las instituciones del estado de derecho responsables, en particular, los servicios de justicia e instituciones penitenciarias, restauran la confianza y la cohesión social, y contribuyen a la aplicación de los acuerdos de paz. Por ejemplo: asistencia destinada a fortalecer, en el plano nacional, la responsabilidad penal y los mecanismos para investigar y enjuiciar delitos graves que avivan los conflictos, como en Darfur, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Malí y Sudán del Sur.
- Los componentes de justicia e instituciones penitenciarias colaboran estrechamente con las autoridades nacionales para otorgar prioridad a la prevención de conflictos, contribuir a lograr soluciones políticas duraderas y promover el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.
- Los componentes de justicia e instituciones penitenciarias ofrecen asesoramiento estratégico, orientaciones sobre políticas y desarrollo de capacidades en apoyo de las capacidades nacionales de enjuiciamiento en la lucha contra el terrorismo; ayudan a abordar la reincidencia y la prevención de la radicalización en las prisiones; y prestan apoyo a las autoridades de enjuiciamiento, judiciales y penitenciarias para combatir la impunidad y promover la rendición de cuentas por delitos relacionados con el terrorismo.
- Los componentes de justicia e instituciones penitenciarias ayudan a las autoridades nacionales a mejorar la seguridad y la gestión de las prisiones (incluidos los detenidos de alto riesgo) para mitigar los efectos desestabilizadores de las fugas, los disturbios y los riesgos de radicalización en las cárceles.
- Los componentes de justicia e instituciones penitenciarias trabajan con homólogos nacionales para respaldar las reformas y los servicios del estado de derecho con perspectiva de género al promover la rendición de cuentas por la violencia sexual y de género en los conflictos, ayudar a revisar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y fortalecer los vínculos entre los mecanismos formales e informales de justicia que promueven y protegen los derechos de las mujeres y las niñas. En los países donde persiste la violencia sexual en los conflictos, los componentes de justicia contribuyen a la labor nacional en materia de investigación, enjuiciamiento y resolución con respecto a dichas violaciones. En los contextos donde el regreso de los desplazados internos se enfrenta al reto que suponen las controversias sobre la propiedad y el uso, los componentes de justicia facilitan el desarrollo de los marcos nacionales con medidas encaminadas a proteger los derechos y el acceso a la tierra de las mujeres.
- Los componentes de justicia e instituciones penitenciarias respaldan el desarrollo y la puesta en práctica de estrategias de transición del estado de derecho en las misiones, con el objeto de definir las prioridades relativas al estado de derecho y la continuidad de las intervenciones tras la reducción o la retirada de las misiones.
En épocas de conflicto, a menudo a las personas privadas de su libertad se las ignora, se las desprecia o se les niegan sus derechos. El personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas trabaja para garantizar que los presos no caigan en el olvido.
Nuestro personal
Los Oficiales de Asuntos Judiciales y los Oficiales de Asuntos Penitenciarios en operaciones de paz de las Naciones Unidas pueden ser miembros del personal de las Naciones Unidas, expertos en la esfera de la justicia proporcionados por los Gobiernos nacionales, Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) o consultores.
Los Oficiales de Justicia y de Asuntos Penitenciarios ayudan a los países receptores a prestar servicios judiciales y penitenciarios esenciales, fortalecer el sistema de justicia penal y facilitar las reformas del estado de derecho. Para ello, promovemos la rendición de cuentas por los delitos graves que avivan los conflictos, ampliamos las instituciones judiciales y penitenciarias a las áreas afectadas por conflictos, y mejoramos la seguridad y la gestión de las prisiones, por ejemplo, al ayudar a mitigar y abordar los efectos de la pandemia de COVID-19.
Los Oficiales de Asuntos Judiciales aportan valiosos conocimientos especializados como abogados, jueces, fiscales, asesores jurídicos y administradores judiciales. Los Oficiales Penitenciarios aportan valiosos conocimientos especializados como directores, secretarios, expertos en seguridad, médicos y oficiales de prisiones.
Somos aproximadamente 120 Oficiales de Asuntos Judiciales y 95 Oficiales de Asuntos Penitenciarios, con 55 miembros judiciales y 250 miembros penitenciarios del personal proporcionado por los Gobiernos, cuya tarea consiste en ayudar a proteger a los civiles, combatir la impunidad, ampliar la autoridad estatal y promover la estabilización en 12 operaciones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM), Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) y Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNIOGBIS).
Nuestros asociados
En respuesta a la solicitud de los Estados Miembros de una mayor coherencia e integración a lo largo del sistema de las Naciones Unidas, nuestros Oficiales de Asuntos Judiciales y de Asuntos Penitenciarios trabajan en la plataforma del Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho para promover enfoques de estado de derecho conjuntos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), entre otros, con miras a combinar sus respectivas capacidades en materia de estado de derecho y sacar partido de sus ventajas comparativas. El Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho opera en entornos de misiones, sin misiones y de transmisión. Ofrece un despliegue rápido de conocimientos especializados; apoyo al diseño, la planificación y la aplicación conjuntos de programas de estado de derecho; evaluaciones conjuntas; movilización de recursos y financiación inicial; y definición de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
Los componentes penitenciarios también reciben un apoyo significativo del Grupo de Amigos sobre Cuestiones Penitenciarias en las Operaciones de Paz. El Grupo de Amigos es una plataforma internacional para los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus servicios penitenciarios cuyo objetivo consiste en conectar las políticas, prácticas y actividades penitenciarias, y prestar asesoramiento y apoyo a la labor de las instituciones penitenciarias en las operaciones de paz de las Naciones Unidas.
Logros
La República Centroafricana ha progresado en la aplicación de aspectos clave del acuerdo de paz, como los procesos de rendición de cuentas a nivel nacional por violaciones graves de los derechos humanos e incumplimientos del acuerdo. El Tribunal Penal Especial del país, que se puso en funcionamiento en 2018 con el mandato de investigar y enjuiciar los delitos internacionales cometidos en la República Centroafricana desde 2003, promovió la investigación de casos prioritarios; las autoridades completaron una política estratégica de reforma del sector de la justicia; y desarrollaron una estrategia de desmilitarización para las prisiones. El Gobierno de la República Centroafricana aprobó la estrategia nacional de desmilitarización del sistema penitenciario en enero de 2019.
En Malí, las Naciones Unidas prestaron apoyo a la Dependencia Judicial Especializada de Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada Transnacional con relación a la gestión de las investigaciones, incluidos los casos de ataques graves contra el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Ha aumentado la implicación comunitaria y la prestación de servicios del estado de derecho: 16 de los 19 tribunales se encuentran parcialmente operativos en la zona septentrional y meridional de Malí. El Pôle Judiciaire Spécialisé de Malí, con competencia para crímenes atroces, terrorismo y delitos transnacionales, ha juzgado a 60 personas.
En la República Democrática del Congo, las Células de Apoyo a la Fiscalía respaldadas por las Naciones Unidas siguieron fortaleciendo la rendición de cuentas para las fuerzas de seguridad y los grupos armados, lo que dio lugar a la condena de más de 1.090 autores de delitos desde 2011, entre los que se incluyen oficiales superiores que cometieron actos de violencia sexual y otros crímenes atroces. Las Naciones Unidas prestaron apoyo a las autoridades nacionales en la prevención y la gestión del ébola y la COVID-19 en los centros penitenciarios de todo el país.
En Sudán del Sur, las Naciones Unidas prestaron apoyo a los tribunales móviles para ampliar la autoridad estatal y prestar servicios de justicia en las regiones afectadas por conflictos y con servicios insuficientes, incluidas las personas que sobreviven a violaciones. Se están juzgando más de 290 casos de delitos graves por primera vez desde 2014, en un contexto en el que la falta de responsabilidad penal continúa minando las iniciativas políticas destinadas a resolver el conflicto.
In Haití, se prestó apoyo a la Direction de l'Administration Pénitentiaire del país a fin de fortalecer sus capacidades operacionales y de gestión. Tanto la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) como la BINUH prestaron asistencia a las autoridades haitianas a la hora de redactar y aplicar una nueva Ley de Instituciones Penitenciarias y un Plan Estratégico de Desarrollo (2017-2021), y de establecer una comisión de investigación penitenciaria para abordar las muertes de personas detenidas.
En Libia, el Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho ayudó a otorgar prioridad a las intervenciones conjuntas en la esfera del estado de derecho en un contexto difícil y afectado por conflictos. En la República Centroafricana, el despliegue rápido de expertos en justicia y seguridad contribuyó al desarrollo de una estrategia para el estado de derecho, por ejemplo, para el acceso de las personas a la justicia; la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos; y la violencia sexual y de género.
Apoyo a contextos distintos de las misiones. Como parte del Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho, el Servicio de Justicia e Instituciones Penitenciarias compartió periódicamente sus exclusivos conocimientos especializados, también en contextos ajenos a las misiones, para mejorar el apoyo que prestan las Naciones Unidas a las instituciones nacionales del estado de derecho. Se llevaron conocimientos penitenciarios especializados, por ejemplo, al Gabón a fin de ayudar a definir las carencias del sector de la justicia y las estrategias para subsanarlas; a Liberia, tras la clausura de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), con el objeto de realizar un programa piloto de capacitación para dirigentes de administración penitenciaria; y a Burkina Faso, para ayudar a las autoridades locales del servicio penitenciario.
Procesos de transición coordinados. La promoción y la puesta en práctica de programas conjuntos en la esfera del estado de derecho y los componentes de justicia e instituciones penitenciarias facilitó las transiciones en Timor Leste, Liberia, Haití y Darfur, y ayudó a crear un marco para la colaboración a largo plazo de las misiones y los equipos de las Naciones Unidas en los países con las autoridades nacionales.
Mejora de las instituciones del estado de derecho, de carácter inclusivo y con perspectiva de género, a través de la integración de las prioridades en materia de género en las iniciativas de reforma del estado de derecho, como la mejora de la protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra en Sudán del Sur o la política de género en el sistema penitenciario de Haití. La promoción de una mayor representación en las instituciones formales e informales de justicia, por ejemplo, en Malí y Darfur; y las iniciativas avanzadas sobre el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las respuestas judiciales, por ejemplo, para la violencia sexual y por razón de género y la violencia sexual relacionada con los conflictos, como en la República Centroafricana y la República Democrática del Congo.
Adelanto de los objetivos relativos a la paridad entre los géneros, a través de un aumento de la representación femenina entre el personal judicial y penitenciario proporcionado por los Gobiernos de un 24 % en 2018 a un 29 % en diciembre de 2019, de modo que se superó la meta de 2019 según la estrategia de paridad de género para el personal uniformado; los nombramientos de mujeres en el personal proporcionado por los Gobiernos representan alrededor de un 25 % de los nombramientos de 2019, en comparación con el 15 % registrado en años anteriores.