A pocas semanas del cambio de Gobierno en Colombia, la ONU pide a las nuevas autoridades a dar un nuevo impulso al Acuerdo de Paz de 2016, al advertir que las zonas donde la violencia es más intensa son aquellas donde la implementación y la presencia del Estado han sido insuficientes.
En una reunión en el Consejo de Seguridad este miércoles, el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, afirmó que el acuerdo continúa siendo la mejor herramienta para consolidar una paz duradera y señaló que el nuevo Ejecutivo, encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, tendrá la responsabilidad y la oportunidad de acelerar su implementación.
La Misión de Verificación de la ONU, añadió, está preparada para colaborar con las nuevas autoridades y compartir recomendaciones basadas en casi una década de trabajo sobre el terreno.
Al presentar el último informe, que abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026, Jenča subrayó que la inseguridad fue una de las principales preocupaciones de los colombianos durante la campaña electoral y reconoció que las recientes iniciativas de diálogo con grupos armados han generado un intenso debate debido a sus limitados resultados.
Sin embargo, insistió en que la solución no pasa únicamente por medidas de seguridad, sino por abordar las profundas carencias de gobernanza, desarrollo y presencia estatal que siguen afectando a las zonas más golpeadas por el conflicto.
"Las zonas donde hoy la violencia es más intensa son precisamente aquellas donde la implementación del acuerdo y la presencia del Estado han sido insuficientes", afirmó.
Continúan los enfrentamientos entre grupos armados
El diplomático citó como ejemplos las regiones de Catatumbo y Cauca, donde continúan los enfrentamientos entre grupos armados y organizaciones criminales que buscan controlar rutas estratégicas y economías ilícitas.
En Catatumbo, explicó, la violencia se ha recrudecido incluso con nuevas formas de combate, como el uso de drones, pese a los planes especiales de desarrollo anunciados por el Gobierno tras la escalada del año pasado.
Jenča sostuvo que romper esos ciclos de violencia exige que las autoridades cumplan los compromisos asumidos con las comunidades y ofrezcan respuestas coordinadas que combinen seguridad, desarrollo y construcción de paz.
Durante su intervención, condenó además las continuas amenazas y ataques contra la población civil, el reclutamiento y utilización de menores, los secuestros y otros abusos que siguen provocando desplazamientos y confinamientos.
Mencionó especialmente un incidente ocurrido la semana pasada en López de Micay, en el departamento del Cauca, donde, según denuncias atribuidas al un grupo armado, ocho personas permanecían retenidas tras una incursión armada que obligó a unas 70 familias a abandonar sus hogares. La Misión reiteró su disposición para facilitar la liberación de personas privadas de libertad por los grupos armados.
Cortesía Gobernación Norte de SantanderImagen aérea de la región del Catatumbo, Colombia.
Garantizar la seguridad y ofrecer oportunidades económicas sostenibles
Otro de los pilares destacados fue la reincorporación de los antiguos combatientes de las FARC-EP. Jenča recordó que más de 11.000 exintegrantes de la antigua guerrilla siguen comprometidos con el proceso de reintegración, uno de los casos con menor índice de reincidencia registrados internacionalmente. Para preservar ese logro, dijo, resulta imprescindible garantizar su seguridad física, ofrecer oportunidades económicas sostenibles y mantener las garantías judiciales contempladas en el acuerdo.
Asimismo, señaló que organizaciones de víctimas, comunidades afrocolombianas e indígenas y otros sectores de la sociedad civil han pedido al próximo Gobierno volver a situar la implementación del acuerdo de paz en el centro de la agenda nacional.
El representante de la ONU destacó también los avances logrados en la reforma rural integral, especialmente a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que benefician a cerca de seis millones de personas en 170 municipios afectados por el conflicto. Celebró que el Congreso haya acordado extender estos programas hasta 2037, aunque advirtió de que aún persisten desafíos importantes, como la formalización de la propiedad de la tierra, el apoyo técnico a los agricultores y la protección de quienes han recibido tierras frente a las amenazas de grupos armados.
Foto de la ONU/Loey FelipeMiroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las ONU en Colombia, se dirige a la reunión del Consejo de Seguridad para informar sobre la situación en el país.
Elecciones pacíficas y ordenadas
En la parte final de su intervención, Jenča se refirió a las elecciones recientes colombianas. Destacó que, pese a los episodios de violencia y a la fuerte polarización política, ambas vueltas de las elecciones presidenciales se desarrollaron de manera pacífica y ordenada, con una elevada participación ciudadana y bajo la supervisión de observadores nacionales e internacionales.
No obstante, expresó preocupación por el clima político posterior a los comicios, marcado por una retórica confrontativa que incluso llevó a suspender temporalmente el proceso de transición entre el Gobierno saliente y el entrante. En ese contexto, hizo un llamamiento a los dirigentes políticos para reducir las tensiones, mantener abiertos los canales de diálogo y aprovechar la nueva etapa política para consolidar los avances alcanzados.
A pocos meses de cumplirse el décimo aniversario del Acuerdo de Paz, concluyó, el país tiene una oportunidad decisiva para acelerar su implementación y sentar las bases de una paz sostenible para el pueblo colombiano.